No califica la Justicia Argentina en la auditoría periódica que hace la Convención Interamericana contra la Corrupción

Marcelo Octavio De Jesús

Entrevista del Portal con el autor del trabajo presentado recientemente ante la OEA, MARCELO OCTAVIO DE JESÚS

 

 

Una prueba más de la ineficiencia e incumplimiento de sus más importantes funciones, de parte de la Justicia de la Argentina, queda a la vista, a través del contenido de la presente nota.

 

ENFOQUES POSITIVOS viene siguiendo de modo constante, a esta problemática, la que cada día va quedando en mayor evidencia. Ineptitud, lentitud, politización partidaria y corrupción, son las acusaciones más frecuentes que se escuchan contra determinados jueces y fiscales, en algo que de tan burdo y evidente ha pasado a ser escandaloso y que aún con antecedentes en el país, probablemente nunca fue tan grave como en los últimos años.

 

No habrá que olvidar que esos jueces corruptos, los que resultan incluso repudiados por sus mismos pares, salvo muy escasas excepciones, no se han ido con la llegada del nuevo Gobierno, sino que aún permanecen disfrutando de enormes privilegios e ingresos ciertamente envidiables.

 

Lo que también muestra un lado interesante, ya que se está difundiendo ampliamente esta condición negativa de la Justicia, lo que podría implicar que para los próximos tiempos la población reclame firmemente por una conducta distinta de parte de sus integrantes, como recientemente ha sucedido con una solicitada pública suscripta por las más reconocidas y respetadas personalidades del país.

 

Tan sólo una referencia más, antes de la transcripción de la entrevista anunciada, que muestra una falta de interés, o llamativo descuido, de parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de brindar una imagen de transparencia exigible ante tan altas investiduras, cuando ellos mismos se autorizaron a realizar vuelos privados a cargo del presupuesto oficial, aún en rutas donde existan servicios regulares comerciales.

 

Lo que sigue es el contenido de la entrevista con el doctor MARCELO OCTAVIO DE JESÚS:
P: Un reciente artículo periodístico de su autoría publicado en un importante Diario nacional, dejó datos preocupantes referidos a falta de transparencia en la actuación de la Justicia de la Argentina. ¿Cómo se originó ese artículo?

 

R: “El artículo está basado en una investigación que el FORO DE ESTUDIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (FORES), presentó ante la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), en el marco de una auditoria que la OEA hace cada tres años controlando el cumplimiento por los países signatarios, de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El trabajo contó también con la colaboración de la doctora SILVIA PENSI, y del estudiante JUAN IGNACIO PAZOS”.

 

P: Según su trabajo, la Justicia local incumplió todos y cada uno de los requerimientos que la OEA impuso en su más reciente auditoría. ¿Puede ampliarnos al respecto?:

 

R: “Tal como usted señala, de los artículos de la Convención que la OEA controló su cumplimiento en el presente año, relativas al Poder Judicial, surge de nuestro trabajo que no cumplió ninguno. Es más, tampoco se cumplieron con recomendaciones formuladas por la OEA hace 10 años. Por ejemplo, no se brinda entrenamiento a los empleados para capacitarlos sobre sus responsabilidades, elemento central en la prevención de la corrupción o bien que existen tantas condiciones para ingresar por concurso que más bien ese sistema parece la excepción.

 

Por ejemplo, la Corte Suprema cuenta con entre 2400 y 4000 empleados. La cantidad varía según el link de la Corte Suprema que se use. No está claramente discriminado cuántos empleados son “contratados” y cuántos son de planta permanente. En cualquier caso, parece una cantidad muy importante de dependientes.

 

El convenio de Auditoría firmado en 2005 entre el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Nación nunca se puso en práctica pese a la insistencia de la OEA. Por otro lado es bueno aclarar que la Corte Suprema sí ha implementado convenios de auditoría con la AGN.

 

También es importante señalar que en el Poder Judicial no existe ningún funcionario ni oficina encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención. Además, la Corte Suprema nunca contestó los requerimientos informativos que FORES le envió, mientras que en el Consejo se nos recibió y se nos dio toda la información disponible”.

 

P: ¿Qué posibilidades ve usted de que desde afuera de la Justicia, a través de las asociaciones de Abogados, la Prensa en general, o cualquier entidad civil especializada, se logren los cambios que ella requiere con urgencia, para que funcione eficientemente y ajustada a la Constitución?

 

R: “La participación de la Sociedad Civil es central para, no sólo combatir la corrupción, sino especialmente para prevenirla. Respondiendo a su pregunta, el artículo III, inciso 11, establece que los Gobiernos, entre ellos las autoridades del Poder Judicial, deben establecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. De esto no hay nada hecho. Este año, por iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que muchas organizaciones de la sociedad civil acompañaron, entre ellas FORES, se pidió al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre la Justicia Federal penal, dado que es la que investiga los casos de corrupción. El Consejo, con una nueva composición aprobó ese pedido y se está actualmente llevando adelante”.

 

P: Para los primeros días del mes de Octubre próximo, habrá en Buenos Aires una fuerte manifestación de pedido a los Legisladores, para que se modifiquen las leyes en la Argentina y las víctimas no terminen siendo consideradas victimarios y que los que delinquen reciban su merecido castigo. ¿Cree usted que una manifestación de este tipo ayudará a por lo menos una mayor concienciación de los Legisladores al respecto …?.

 

R: “Creo que sí. No es posible victimizar dos veces a estas personas, una vez cuando sufren un delito y otra cuando ven que a los delincuentes se les trata como si las víctimas del hecho fueran ellas.

 

De todas formas, los cambios legislativos es una parte del problema. Otra parte son los criterios de los jueces. Aun si la ley es buena, una mala aplicación permite que los delincuentes salgan y sigan delinquiendo tal como sucede con jueces muy liberales para otorgar la libertad condicional y luego matan o violan nuevamente.

 

Para esto es esencial que el Consejo de la Magistratura haga su trabajo en forma más profesional y técnica y que luego el Poder Ejecutivo elija jueces con un criterio de mayor ecuanimidad, que balanceen las garantían penales para los acusados pero que tengan en cuenta los intereses de las víctimas”.

 

P: Por último, ¿Cuáles serían sus recomendaciones para acelerar lo más posible un proceso que busque la solución a la actual solución?:

 

R: “Me parece que, tal como ocurre en el sector privado, habría que organizar una Oficina Anticorrupción dentro del Poder Judicial. La OA (Oficina Anticorrupción) actual funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo y por eso no puede ser esa organización, pero sí puede colaborar con ideas y sugerencias de especialistas de esa Oficina (de paso agrego que lo mismo debería hacer el Poder Legislativo).

 

Es clave que las máximas autoridades de la Justicia, esto es la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, elaboren una política de Estado en materia anticorrupción. Esta inquietud está ausente de nuestras autoridades. Luego de ello hay que hacer cursos de capacitación tal como establece la Convención, establecer sistemas de seguimiento de licitaciones y contrataciones, por ejemplo, si se contrata habitualmente a algunos proveedores o si impiden licitaciones generando pedidos urgentes para hacer contrataciones directas; es importante un mecanismo de denuncia interno para preservar al denunciante de represalias, entre otras medidas”.

 

 

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El doctor MARCELO OCTAVIO DE JESÚS, es abogado y ex presidente de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), profesor visitante University of Virginia Law School, especialista en cuestiones de  Estado de Derecho y Justicia.

Ha escrito libros y artículos sobre esos temas.

 

6 Comments on "No califica la Justicia Argentina en la auditoría periódica que hace la Convención Interamericana contra la Corrupción"

  1. UNA VERGUENZA MAS QUE NOS PROVOCAN LOS JUECES DE LA ARGENTINA. LILITA CARRIÓ APUNTA MUYBIEN CUANDO DENUNCIA A LOS INTEGRANTES DEL ALTO TRIBUNAL PIDIÉNDOLES LA RENDICIÓN DE CUENTAS. Y TAMBIÉN DENUNCIÓ, HAY QUE RECORDARLO, AL MISMÍSIMO PRESIDENTE DE LA CORTE

  2. Bettina Ruanova | 13 Septiembre, 2016 at 5:50 pm |

    Le pido a la redacción de ese portal que me haga conocer si es que existe la información qué reveló el mismo informe de la OEA ante el control efectuado a otros países de la región. Me gustaría mucho conocer esos datos, por favor

    • Marcelo de Jesus | 16 Septiembre, 2016 at 12:50 am |

      Para Bettina. Los informes de la OEA tienen una parte comun para cada pais y una parte particular. Si bien es complicado hacer una comparacion de la situación en cada pais, es una buena idea intentarlo.

  3. Habrá alguna respuesta luego de que este informe llegue a la OEA de parte de los señores y señoras de la corte?

    • Marcelo de Jesus | 16 Septiembre, 2016 at 12:38 am |

      Respecto a cómo sigue la auditoría de la OEA: La OEA revisa el informe oficial elaborado por la OA (Oficina Anticorrupción) y los informes de las ONGs, entre ellas la de FORES. En Octubre 2016 la OEA se reunira en Buenos Aires con la OA, Fores, y tambien con autoridades y personalidades. En marzo 2017 habra una reunión plenaria en Washington donde se elaborara el informe final.

  4. Franco Buomparolla | 14 Septiembre, 2016 at 9:23 pm |

    Habría que amenazar a los jueces con echarlos a todos, y para ello tener preparados alternativas para el caso de que, no digo a todos pero a buena parte de ellos efectivamente haya que decirles que se vayan

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