Graves críticas al comportamiento de la Corte Suprema de Justicia al involucrarse esta en funciones legislativas

El calificado autor del trabajo ...

Nota especialmente escrita para el Portal por el doctor JUAN JOSÉ GUARESTI (n), calificado Abogado y Economista

El autor fue Director del Banco Central de la República Argentina y tiene una extensa carrera en la docencia universitaria, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

A continuación, su trabajo:

“LA CORTE SUPREMA HA LEGISLADO SIN DERECHO A HACERLO” por  Juan José Guaresti  (nieto),

Especial para ENFOQUES POSITIVOS

La Corte Suprema de Justicia ha legislado obedeciendo a las leyes 26.685 y 26.856 que dispusieron  que la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura, en forma conjunta, debían reglamentar la gradual implementación de mecanismos electrónicos en expedientes, documentos, firmas digitales, comunicaciones y domicilios constituidos en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación.

La Corte Suprema ha dictado una serie de acordadas intentando poner en funcionamiento  las leyes mencionadas inclusive estableciendo  el Sistema de Gestión Judicial Lex 100 que no surge de ninguna ley que haya dicho que ese deba ser el Sistema de Gestión a utilizar. NO cabe duda que elegir un sistema de gestión electrónico, no es una atribución  que ni de cerca ni de lejos, tenga nada que ver con la labor propia del Alto Tribunal que consiste en dirimir las cuestiones judiciales que lleguen a sus estrados.

La Corte Suprema ha aceptado esta orden legislativa, acto de subordinación que creemos no tiene par por el menoscabo que implica para las instituciones republicanas en la historia judicial dela Nación. El Congreso no puede obligar a la Corte Suprema a realizar nada fuera de sus atribuciones ni tampoco puede hacerlo con el Consejo de la Magistratura cuyas funciones esenciales son elegir los mejores magistrados judiciales, prescindir de aquellos que no cumplen con su deber y administrar el Poder Judicial. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Consejo de la Magistratura fueron creados para reglamentar  el procedimiento judicial ni para elegir un sistema cibernético. El Consejo de la Magistratura  no participó en nada de lo que hizo la Corte Suprema en esta oportunidad, ciñéndose a su rol institucional que es la  administración del Poder Judicial y no dictar normas que van mas allá de ese cometido. Además es dable creer que no formó parte del binomio designado por el Congreso por la sencilla razón que por su composición en que forman parte de sus dirigentes abogados, jueces, legisladores, hombres de ciencia, etc. etc. se iba a divulgar enseguida ante la opinión pública que la materia de la cuál se trataba no era de su competencia ni de la Corte Suprema. Lo cierto es que aunque las leyes dicen que ambos organismos tenían que actuar en forma “conjunta” la Corte Suprema  por sí y ante sí, hizo todo.

La Corte Suprema sobrepasó por su sola voluntad el molde constitucional que establece sus atribuciones, las que consisten sustancialmente en decidir las causas judiciales que lleguen a sus estrados.  No tiene otras, salvo nombrar a sus Empleados y dictar su reglamento interior. No puede dictar normas ni ninguna especie que excedan ese marco.

La Corte Suprema, como Institución de la  Republica, tiene una cualidad única que fue tomada de la Constitución  Norteamericana de 1787 y es que puede anular lo que hayan realizado los otros dos poderes del Gobierno o los gobiernos estaduales (provinciales diríamos nosotros)  si se debate esta circunstancia en una causa judicial. Ninguno de los otros Poderes puede dejar sin efecto sentencias judiciales.

En ese sentido es “suprema”. Este atribución fue una verdadera revolución en el constitucionalismo de aquella época que se basaba sustancialmente en el “Espíritu de las leyes”, libro inmortal de Charles de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu, quién a su vez se había inspirado en las costumbres inglesas. En su trabajo no se otorgó a ningún Tribunal la facultad de anular leyes o decretos. A partir del fallo “Madbury vs.Madison” ya comenzado el siglo XIX, se entendió por genial inspiración del Juez John Marshall que la Corte Suprema  norteamericana podía anular en el marco de un litigio disposiciones del Gobierno Federal si no estaban de acuerdo con la Constitución. Años más tarde se extendió esa facultad a dejar sin efecto las disposiciones de los estados cuando fueran contrarias a la Constitución. Este inmenso poder conferido a la Corte Suprema norteamericana, y por ende a la Argentina,  tiene una limitación imposible de soslayar: No puede dictar normas generales de aplicación obligatoria que no sea reglamentar el ámbito del manejo administrativo de la Corte, o designar su propio personal. Fuera de esos límites no puede legislar. Por de pronto no puede ordenarle a los Abogados que deben hacer esto o aquello, ni decidir como confeccionar sus escritos ni la extensión que deben tener, porque los Profesionales no son Empleados de ese Alto Tribunal, ni del Poder Judicial.

Los constituyentes argentinos adoptaron este principio que impide que el Poder Judicial pueda legislar o reglamentar las disposiciones del Poder Ejecutivo porque si no fuera así, la cabeza del Poder Judicial estaría en condiciones, al carecer de contralor alguno y en su carácter de “Suprema”, de decidir sobre la validez de sus propias determinaciones. Eso equivaldría a sumirnos en una tiranía tal que  la fortuna, la vida y el honor de los argentinos quedaría a su merced.

La Corte Suprema ya había incurrido en la violación del marco de sus atribuciones en cuanto a su Acordada N° 4, de Marzo de 2007, Modificó la Ley 48 y el Código Procesal Civil y Comercial que regulan el Recurso Extraordinario. En esa oportunidad la Corte Suprema comenzó a ejercer funciones legislativas y, por ende, a violar la división de los Poderes del Gobierno.

El recurso extraordinario  es el último que le queda a un litigante para tratar de obtener un pronunciamiento de la Corte Suprema luego que hayan decidido la causa en contra suya los Tribunales de las instancias anteriores. Esa posibilidad de llegar al “último bastión de la Constitución” en defensa precisamente de la vigencia de aquella, fue establecida en la ley 48 y sufrió posteriores modificaciones cuando se dictaron los Códigos de Procedimientos, que establecieron, por ejemplo, los términos que tienen los letrados para presentar el recurso o acudir en queja si se lo hubieran denegado.

Lamentablemente, de buenas a primeras, la Corte Suprema decidió por la acordada Nro. 4 de Marzo de 2007, que  para ser viable ese recurso debía no tener más de 40 páginas las cuales no podían tener más de 26 renglones en letra cuerpo 5. El recurso de queja no más de 10 páginas. Además el recurso extraordinario debía ser precedido de una carátula a confeccionar por el letrado que es  completamente innecesaria, porque todo lo que se debe consignar allí consta en el expediente. Se trata de  ahorrar trabajo a los empleados de la Corte y endilgárselos a los letrados. La Corte Suprema  puso a cargo de las Cámaras de Apelaciones verificar si estos requisitos inconsultos e ilegales que violan la Constitución Nacional se llenaban.  Si no se cumplían, por ejemplo si el recurso tenía 41 páginas en lugar de 40 o alguna página, en lugar de 26 renglones tenía 27, se rechazaba el recurso por orden de la Corte Suprema que no se basaba en disposición alguna, salvo su omnímoda voluntad. Correspondería hacer la cuenta de todos los recursos perdidos por estas normas  despóticas y responsabilizar a sus autores.

Los  actos realizados fuera del ámbito natural de la competencia de un tribunal o un órgano administrativo no existen. No tienen virtualidad jurídica. Si mañana la Corte Suprema decidiera admitir el matrimonio de dos personas que acudieran a sus estrados, y dictara una centena de acordadas validando el acto, igualmente serían inexistentes. Las decisiones tomadas por las Cámaras de Apelaciones que  rechazaron los recursos extraordinarios fundándose en las acordada 4 dela Corte Suprema son tan inexistentes como la acordada del Alto Tribunal que la originó y no menos imprescriptibles.

La única tarea que tiene la Corte Suprema es resolver controversias, salvo su Presidente en caso en que se le haga juicio político al Presidente de la Nación en cuyo caso debe presidir el Senado. La Constitución solamente utiliza las palabras “causas” “asuntos”, “juicios” y cuando se refiere al Poder Ejecutivo dice que no puede ejercer “funciones judiciales”. Esto está claro: Si no hay litigio, la Corte no tiene competencia para actuar y si lo hay, la decisión final recae en el Poder Judicial de la Nación. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden resolver causas judiciales.

El Poder Legislativo análogamente, tiene atribuida su  competencia por la Constitución. Está a cargo el Congreso compuesto de dos Cámaras, por el artículo 44 de la C.N.del Poder Legislativo dela Nación. Legislar es, dicho en términos generales,  dictar normas de conducta de cumplimiento obligatorio, para todos los habitantes de la Nación. No puede el Poder Legislativo so color de nada, atribuirle el ejercicio de sus poderes propios a ninguno de los otros poderes.

La  Corte Suprema en abierta violación a la Constitución hasta dispuso que debía utilizarse por los abogados el Sistema de Gestión Judicial Lex 100. Ese sistema fué elegido por la Corte Suprema sin licitación alguna y sin que ese Alto Tribunal tenga la facultad de obligar  a los abogados que no son, por cierto,  empleados de la Corte Suprema, a utilizarlo.

Dos Abogados protestaron:

Quién esto escribe y el Dr. Héctor Luis Musi, no aguantaron mas estos actos despóticos y presentaron el 18 de Agosto de 2015 una nota en la Corte Suprema de Justicia que generó el expediente Nro. 4506/2015, en la cuál en una extensa nota le pidieron a la Corte que dejara sin efecto estas acordadas por ser violatorias de la Constitución Nacional y los inconvenientes que traían para los abogados los cambios propuestos.  Esa nota esta sintetizada en este artículo. Como no se tuvo respuesta alguna, ambos letrados instalaron una mesa, algunas sillas y dos carteles y empezaron a atender a los letrados que tenían interés en adherir a la nota que se presentó en el expediente 4506/2015 porque entendían que se estaba violando la Constitución Nacional y la República, amén de pretender que trabajaran con un sistema engorroso y que muchos empleados de Tribunales tampoco podían manejarlo. En dos meses y medio se obtuvieron unas 1400 adhesiones firmadas en su mayoría por letrados y algunos peritos judiciales. No cabe duda que ese número se va a ampliar en mucho, a medida que los abogados y los peritos se enteren de la existencia de esta acción cívica que requiere el apoyo de todos los ciudadanos. Es inadmisible que la Corte Suprema, cuya misión es defender a la Constitución, se ponga a la cabeza de su violación. A la lista de los 1400 presentantes hay que añadirle 498 adhesiones obtenidas a través de Change.Org. Estas adhesiones vienen del país y del extranjero.

2 Comments on "Graves críticas al comportamiento de la Corte Suprema de Justicia al involucrarse esta en funciones legislativas"

  1. Duilio Cindrade | 19 Diciembre, 2015 at 9:34 pm |

    A LORENZETTI Y LA INTEGRANTE DE LA CORTE QUE QUEDÓ HABRÍA QUE DENUNCIARLOS PENALMENTE O PEDIRLES UN JUICIO POLÍTICO. ELLA ENCIMA ES KIRCHNERISTA

  2. ANDREA VECCHIO | 20 Diciembre, 2015 at 12:35 pm |

    GRACIAS DOCTOR GUARESTI. DE USTED YA HE LEIDO OTROS TRABAJOS EN ESTA MISMA PÁGINA Y VEO QUE SIEMPRE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA DE GUANTE BLANCO. SI HUBIERA CINCO O SEIS MÁS COMO USTED LA COSA NO LES SERÍA TAN FÁCIL

Comments are closed.