El episodio que originado en la Argentina puso en riesgo la libertad de un alto Jefe del Partido Comunista Chino (PCCh)

Octavio Aráoz de Lamadrid

El kirchnerismo lo salvó de las graves acusaciones, anulando las tarjetas rojas con que INTERPOL iba a arrestarlo

 

Un acontecimiento sobre el que en su momento se procuró que pasase casi desapercibido, de parte del Gobierno argentino de turno, hoy es detallado para este Portal por un ex juez federal de la Argentina, quien relata de modo directo los principales detalles de su actuación, las razones que lo llevaron a intervenir, y el que aparece como previsible desenlace final de estos hechos, a través de la enorme ayuda que le brindó al presunto delincuente asiático –un jerarca del Partido Comunista Chino acusado de haber cometido gravísimos crímenes -, el Gobierno kirchnerista de la Argentina.

La ocasión de la presente publicación no es caprichosa sino muy oportuna, por cuanto en los últimos días estuvieron en Buenos Aires dos de las muchas (millones) de víctimas que sufrieron las consecuencias que se denuncian, presentando sus testimonios y hasta mostrando algunas secuelas de sus padecimientos. Los relatos fueron impresionantes, y coinciden con las graves denuncias en contra del Gobierno de China presentadas en buena parte del mundo.

Casi al mismo tiempo importantes Medios nacionales revelaron información acerca de un deseo de intensificación de relaciones, de parte de integrantes del Partido Político de la Argentina, PRO, con los del Partido Comunista de China (PCCh), las que ya se habían manifestado mediante una visita de los asiáticos a la Argentina que lo tuvo al mismo Presidente MAURICIO MACRI como anfitrión, en un pasaje de la misma.

Fue justo cuando el actual Ministro del Interior, ROGELIO FRIGERIO, viajó a China el 5 de Diciembre último buscando una financiación de ese país, hacia la Argentina, por una cifra cercana a los 33.000 Millones de dólares destinados a encarar proyectos de obras públicas a desarrollarse en 9 provincias argentinas.

ENFOQUES POSITIVOS desde los primeros momentos de manifestada la acción judicial en la Argentina, la que se describirá en el cuerpo de la presente nota, casi en soledad ha realizado varias notas sobre el tema y también entrevistas a personas involucradas en el suceso. Pero en esta ocasión será el principal protagonista, del lado de la Justicia argentina, quien es presentado por el Portal, y que cordialmente responde a las preguntas del mismo con detalles de enorme importancia y valor para la población en general pero también para quienes integren el ámbito de la Justicia en el país.

Porque la presente nota excede ampliamente la información periodística para convertirse por momentos en un interesante caso de análisis y estudio para abogados o para quienes se interesen por el derecho internacional.

Se trata del doctor OCTAVIO ARÁOZ de LAMADRID, joven abogado argentino, graduado y con especialización en Derecho Penal en las más prestigiadas universidades argentinas, y con Maestrías en también las más renombradas universidades españolas.

P: ¿Puede relatarnos cómo ha sido su participación y porqué, en un proceso judicial ocurrido en el año 2009, que incluyó un pedido suyo de captura internacional a una de las máximas autoridades del Partido Comunista chino?:

R: “El 13 de Diciembre de 2005 recibí en el Juzgado Federal a mi cargo, una denuncia contra el señor LUO GAN, entonces Secretario del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China – Vicedirector y Coordinador directo de la Oficina de Control de Falun Gong (también conocida como Oficina 6/10, por la fecha de su creación, el 10 de Junio), agencia creada por decisión del Presidente de China de esa época señor JIANG ZEMIN, con la finalidad específica de controlar y erradicar la práctica del Falun Gong.

La razón de haberse presentado esa denuncia en la Argentina, fue porque en esa fecha, el nombrado LUO GAN se encontraba en Buenos Aires, aunque por pocos días, alojado en el Hotel SHERATON, de esta ciudad, invitado por el Gobierno Argentino en el marco de un plan de inversiones varias veces millonario, que realizaría la República Popular China, en la República Argentina, las cuales nunca se concretaron.

La denunciante solicitó la detención del señor LUO GAN, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, punto 1, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (Resolución 39/46 del 10 de Diciembre de 1984).

 

Se explicitaba en la denuncia las características, los principios espirituales y religiosos de la práctica del Falun Gong o Falun Dafa, como así también el crecimiento o popularidad que tuvo esta práctica desde 1992, y la gran cantidad de adeptos a la misma (estimada por los practicantes en 100 millones de individuos); y se describían datallada y documentadamente una variedad de hechos de persecuciones, detenciones sin orden judicial, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, traslados forzados y promoción del odio por parte de la población china hacia la práctica de esta disciplina religiosa.

 

Los hechos denunciados estaban acreditados suficientemente para el inicio de la acción, con informes de AMNISTÍA INTERNACIONAL, de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, de 2001, y en el INFORME ANUAL SOBRE LIBERTAD INTERNACIONAL DE CREDO, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también de 2001.

 

Afirmaba la denunciante: “ … que si no se admite la jurisdicción universal nos encontraríamos ante lo que la comunidad internacional pretende evitar y ha pretendido evitar en todo momento, que es la impunidad.”

 

Vale recordar aquí, que si bien la República Popular China fue uno de los Estados Miembros participantes de las deliberaciones y aún de la redacción final del Estatuto de la Corte Penal Internacional, nunca aprobó ni ratificó su contenido; por lo cual, y en virtud de su propia redacción del tratado, China está fuera de la jurisdicción de dicho organismo.

 

Ahora bien, debido al trámite burocrático procesal del derecho federal interno (el Fiscal se demoró mucho más de lo conveniente en emitir su necesario dictamen), no pudo concretarse la detención en territorio argentino, del señor LUO GAN. Sin perjuicio de ello, se planteaba en el caso una serie de cuestiones de gran importancia y trascendencia, tanto para el derecho interno como para el derecho internacional; a saber:

 

1: ¿Es posible someter a proceso por crimines contra la humanidad, a personas que gozan de inmunidad diplomática o inmunidad de jurisdicción?;

2:  ¿Es posible, y válido, recurrir al derecho universal de acceso a la justicia para iniciar en la Argentina (o en cualquier otro país) una investigación por hechos cometidos desde el aparato de un Estado Soberano (en este caso la República Popular China), y dentro de su propio territorio?

3: ¿Cómo es posible investigar hechos cometidos en otro país, cuando no hay posibilidad de requerir información al mismo?

4: ¿Cuál es la eficacia de ese proceso?:

 

La respuesta genérica a estos interrogantes es el impostergable reconocimiento, promoción y protección de todos los derechos humanos, que impone a los Estados la necesidad de realizar los máximos esfuerzos en todas las áreas para alcanzar dicho objetivo; evitando anteponer intereses políticos u económicos que transformen los derechos y las garantías reconocidas universalmente a todo ser humano, en meras declaraciones carentes de contenido y eficacia: SS. el Papa Juan XXIII señaló: “…tratándose de esta cuestión, hay que colocar en primer término cuanto se refiere a la dignidad del hombre en general y a la vida del individuo en particular, a la cual nada puede aventajar…” (Carta Encíclica “Mater et Magistra”, 15 de mayo de 1961).

 

Retomando pues el planteo propuesto, debo señalar que la primera cuestión, sobre la posibilidad de someter a proceso a una persona que goza de inmunidad diplomática y/o inmunidad de jurisdicción, no resulta tan difícil de responder como en un principio parece. Ello así, por dos razones:

 

  1. La primera es que la Convención de Viena sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas (Naciones Unidas, 18 de abril de 1961), determina que toda persona que tenga derecho a esos privilegios, gozará de ellos desde el momento en que penetre en el territorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo, y cesa al momento en que la persona privilegiada sale del país; con lo cual válido es concluir que si el agente que representa a un Estado soberano no ingresa al país (en mi caso la Argentina) para tomar posesión de un cargo diplomático, la protección no lo alcanza; y además queda claro que mientras esté fuera del país, no goza de ninguna protección contra una orden judicial de detención o extradición (que de concretarse, haría que el ingreso en el país no fuera para asumir un cargo, sino para ser enjuiciado, lo cual es muy distinto).

 

  1. b) En lo concerniente a la inmunidad de jurisdicción, siguiéndose con la práctica anterior a la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, se ha establecido que el funcionario consular de carrera no podrá ser detenido sino cuando se trate de un delito grave y siempre por decisión de autoridad judicial. El genocidio parece un delito suficientemente grave como para que esta inmunidad resulte en estos casos, carente de virtualidad.

Podemos apuntar un argumento adicional, resumido al dar una respuesta genérica, y que por tanto es trasversal a todas las cuestiones: cuando nos encontramos ante la denuncia de una multiplicidad de hechos (homicidios, torturas, tormentos, desapariciones forzadas de personas, etcétera) cometidos en forma sistemática desde el aparato de un Estado soberano (cualquiera) que constituyen -innegablemente- claras y francas violaciones a los derechos humanos que por su escala, volumen y gravedad deben reputarse como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, debemos ser conscientes que este tipo de delitos no solo están receptados en los ordenamientos internos de todo los países del mundo; sino también, que por su gravedad e importancia, toda la comunidad internacional está interesada en su persecución y castigo, y que por tanto las “barreras” que impongan las legislaciones locales (o aún alguna vieja convención internacional), deben ceder ante la necesidad de investigación y castigo de este tipo de crímenes (ver por ejemplo Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10/12/1948; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, firmada el 19/12/1948, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada el 10/12/1984, y Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional).

 

El segundo cuestionamiento, que es el eje de esta presentación y en el que pretendo poner un poco más el acento, sí requiere un desarrollo más delicado; y es el que se refiere al principio de justicia universal.

 

  1.       1.) En el caso sometido a mi conocimiento, se requería (y aún se requiere) que la Justicia argentina garantice el derecho universal de acceso a la justicia de un grupo religioso que está siendo víctima (en su país de origen y por parte del propio Estado) de persecuciones, vejaciones, torturas, asesinatos y otros crímenes, que en su conjunto son calificables como de lesa humanidad. Y ello así, debido a que si bien la República China firmó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, NO firmó el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, con lo cual NO está sometida a su jurisdicción (sobre el final haré una breve reflexión sobre la cuestión).

El problema pues, es si resulta posible juzgar en la Argentina (el debate es válido para cualquier nación) y con la leyes argentinas, a altos funcionarios del gobierno Chino, por delitos cometidos en territorio Chino. Esto en derecho penal se plantea como la “extraterritorialidad de la ley penal”, e implica definir cuál es el ámbito espacial donde puede aplicarse la ley penal local (¿los delitos cometidos “dónde” podemos someter a juzgamiento con nuestras leyes?).

El derecho universal de acceso a la justicia, debe entonces homogeneizarse, amalgamarse con los diversos criterios que sobre el principio de territorialidad existen actualmente (que es innecesario detallarlos aquí), haciendo que sus normas no se contrapongan, sino que se armonicen unas con otras.

No es posible pues, rehusarse a llevar adelante una investigación de las características expresadas, so pretexto de una genérica incompatibilidad de las normas internas con los principios internacionales. Esto equivale para el Juez, eludir sus responsabilidades como Magistrado, y para el Estado que representa, renegar de sus compromisos para con la comunidad internacional.

Sin detenernos en un estudio dogmático del tema, cabe agregar un argumento absolutamente práctico que, en mi criterio, termina con cualquier tipo de reticencia a la aplicación de este principio de justicia universal; cuya consecuencia primera es garantizar el derecho universal de acceso a la justicia.

Como es de público y notorio conocimiento, con excepción del Tratado de Roma (Corte Penal Internacional), en ninguna de las convenciones internacionales que tipifican las infracciones al derecho de gentes (iuris gentium) se establecen penas de ninguna especie, sino que el sistema elegido para regularlos consiste en que los delincuentes sean juzgados y castigados conforme al derecho interno del país que los capturó o al cual éste los entregó mediante la extradición. Queda claro, pues, que el “principio universal” no crea una jurisdicción ilimitada, sino que esa “competencia universal” está debidamente acotada, circunscripta a determinadas infracciones y sólo a ellas, infracciones que han sido elaboradas por la propia comunidad internacional. La circunstancia de que un determinado código penal local (interno) nada legisle acerca de la inclusión del principio universal, no es óbice para que el ordenamiento de dicho país lo recepte a través de leyes especiales o por el simple hecho de ratificar las respectivas convenciones que de tal modo se incorporan en el derecho positivo interno con plena validez y vigencia.

  1. 2) Definido pues el principio de “justicia universal”, es necesario realizar aún, algunas consideraciones sobre el Derecho Universal de Acceso de la Justicia, “en sí mismo”.

Y lo primero que hay que decir, es que los Estados NO son quienes otorgan los derechos fundamentales, sino que ellos deben ser quienes crean y brindan las condiciones adecuadas para su acabado ejercicio. De esta manera el Estado se legitima por la realización de los derechos fundamentales propios del individuo, previos e independientes del Estado (Enrique Bacigalupo Zapater “Principios Constitucionales de Derecho Penal”, 1999).

El derecho universal de acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, esencial en cualquier sistema republicano y democrático actual. Esta importancia y preeminencia, radica en que cuando se violan o ignoran otros derechos humanos, el derecho de acceso a la justicia es la única herramienta idónea para poder remediar aquella situación.

El derecho de acceso a la justicia pretende entonces, garantizar el acceso de los individuos a los tribunales de administración de justicia, para reclamar por sus derechos; e implica además el asesoramiento o asistencia por parte de un abogado independiente y capacitado (que puede ser pagado por el Estado); el derecho a un recurso efectivo; la incorporación normativa de garantías judiciales tales como la presunción de inocencia, de irretroactividad de la ley, de legalidad, etcétera …

En este sentido, si entendemos que la administración de justicia “es la forma principal en que se traduce la obligación estatal de proveer los canales y sistemas para que toda persona pueda dirimir sus conflictos jurídicos o esclarecer sus pretensiones; el que alguien acuda a la justicia es el ejercicio de un derecho, y la abstención del interesado de hacerlo debido a razones propias del sistema o proyectadas por él, equivale a un problema de acceso, al punto que la inexistencia de condiciones favorables para que lo haga, equivale a una denegación de justicia” (Thompson, 1999:25).

 

Pero es muy importante comprender y remarcar, que el acceso a la justicia es un verdadero derecho humano y no como muchos proponen simplemente como la prestación de un servicio; porque ello podría significar mercantilizar el mismo viendo a quien lo necesita como un cliente o usuario y no como un sujeto de derechos.

 

El derecho universal de acceso a la justicia puede entenderse entonces, como la real y efectiva posibilidad con que tiene que contar (que se debe garantizar) todo ser humano de acceder, sin ningún tipo de distinción o restricción, a cualquier jurisdicción ordinaria o extraordinaria, para que un tribunal de justicia local o internacional entienda en el asunto y resuelva (o intente) el conflicto donde están en juego otros derechos fundamentales del ser humano.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), consagra todos y cada uno de los extremos enumerados. Recomiendo la lectura de los artículos 7, 8, 10 y 11 .

 

En resumen, a mi modo de ver no puede existir duda alguna sobre la facultad de aplicar la ley penal (argentina en este caso) a un hecho ocurrido en el extranjero y cometido por extranjeros, cuando el mismo puede ser calificado como un delito de lesa humanidad que afecta -por tanto- al “derecho de gentes”, cuando su autor es apresado -aunque sea fortuitamente- en el país (o cuando estábamos en condiciones de hacerlo, como en este caso). No encuentro forma, de considerar que un caso como el descripto pueda sustraerse del conocimiento y juzgamiento por parte de los tribunales locales, cuando la jurisdicción internacional se ve impedida de hacerlo.

 

Esta es la forma de garantizar y dar plena vigencia al DERECHO UNIVERSAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Toda víctima de un delito calificable como de LESA HUMANIDAD, tiene el derecho a presentar su pedido de justicia ante un tribunal de cualquier país (en las condiciones señaladas), para reclamar una investigación y en su caso una sanción para los autores de estos crímenes; y las naciones del globo tienen la obligación de receptar estas denuncias y esforzarse en su resolución, dejando de lado como ya dije, cualquier interés (político o económico) que se interponga con estas investigaciones, las que en definitiva implican el reconocimiento y la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales del ser humano.

 

El Hombre exige, por derecho natural, el debido respeto a su persona, la buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente cultivando la filosofía o religión que más se ajuste a su cultura e idiosincrasia; y, dentro de los límites del orden moral civilizado y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera. Y también por derecho natural le corresponde la legítima defensa de sus derechos: defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia.

 

Esta es pues, la importancia y el posicionamiento  jerárquico que dentro de los derechos fundamentales del hombre corresponde otorgarle al derecho (universal) de acceso a la justicia”.

 

P: ¿Cómo continuó doctor, el desarrollo de tan interesante episodio jurídico, a partir entonces de su pedido a declaración indagatoria de los ciudadanos chinos LUO GAN y JIANG ZEMIN, portadores de tan altos cargos en su país?, ¿Y qué actitudes tomó además, el Gobierno kirchnerista de entonces?

 

R: “El 17 de diciembre de 2009, luego de una extensa y profunda investigación, que incluyó el traslado y constitución del tribunal en los Estados Unidos de América (en la sede del Consulado Argentino en New York, donde se recibieron numerosos testimonios de víctimas directas de torturas), como Juez a cargo de la investigación ordené la citación a prestar declaración indagatoria de los señores LUO GAN y JIANG ZEMIN, y libré las correspondientes órdenes de captura internacional con fines de extradición. Para ello resumí la investigación de casi 4 años, y valoré la prueba reunida en una resolución de casi 200 páginas.

 

El 29 de diciembre del mismo año, renuncié a mi cargo como Juez Federal.

 

El 8 de enero de 2010, la Embajada de la República Popular China en la Argentina, envió una nota a la Cancillería (también a la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones, superior inmediato del Juzgado que estaba a mi cargo), intimando al Gobierno Argentino a que interviniera directamente ante el Poder Judicial, y obligara a los jueces a CERRAR toda causa que esté abierta en la Argentina contra el Gobierno Chino; esto antes del viaje que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía previsto para el 20 de ese mes, al gigante asiático.

 

El día 11 de enero de 2010, el Juez que temporariamente estaba a cargo del juzgado, en apenas cinco líneas, dejó sin efecto la orden de captura. Y algunos días  después, el expediente fue archivado por otro Juez…

 

De todas maneras, la señora Presidenta, no realizó el viaje.

Y hoy en día, gracias a los esfuerzos de la querella, la causa sigue abierta, aunque no se vuelto a pedir la captura de los imputados”.

 

P: Como se señala al inicio de la presente nota, días atrás se realizaron un par de presentaciones en Buenos Aires, con la intervención de respetadas figuras, recordándose allí las circunstancias que se describen aquí mismo, referidas a su propia actuación y a los acontecimientos que le siguieron a ella. Y, destacándose además el avasallamiento de los derechos humanos por parte del Gobierno de China.

 

Para concluir la presente nota consideramos de interés preguntarle cómo han procedido entonces y cómo lo hacen ahora, ante este mismo tipo de graves violaciones a los derechos humanos, los organismos que actúan a nivel internacional, presentándose como defensores, precisamente, de tales derechos

 

R: “Todos los organismos internacionales comprometidos con la protección de los Derechos Humanos en el mundo, con relación a CHINA, se comportan en forma al parecer “dubitativa”, “indecisa”, pero en cuanto vemos que esa conducta es “voluntaria”, los calificativos deben ser otros.

 

Al parecer todos le temen a CHINA.

 

En general, todos los organismos internacionales elaboran alguna declaración donde se lamentan sobre lo “extendido” que está el uso de la tortura en el sistema judicial chino, o donde resaltan que existen “persecuciones” por distintos motivos (religiosos, políticos, étnicos, etcétera); pero nunca avanzan o concretan alguna denuncia.

 

El respeto/miedo es evidente.

 

Tal vez me equivoco, y no es miedo, sino sólo que la propaganda del régimen chino es tan fuerte y efectiva, que hace dudar hasta al observador más avezado; pero no me equivoco cuando sostengo que la Comunidad Internacional en general se desinteresa de la persecución sistemática a los practicantes de Falung Gong.

 

Es llamativo, porque nadie niega la existencia de los hechos; pero se duda mucho sobre Falung Gong: si es una secta o no, si son buenos o no … extremos que son francamente ridículos cuestionar, pues es claro que son un grupo religioso (se comparta o no su doctrina, ritos, etcétera) sumamente pacifista, y el hecho que hayan sido objeto de una declaración de “HEREJES” (apóstatas, cismáticos, sectarios) de parte del Gobierno Chino que se autocalifica como “ATEO” (incrédulo, sin religión, irreligioso) es una incongruencia en sí misma. Y si a ello se agrega, que se los califica también como “TERRORISTAS” que atentan contra el Partido Comunista Chino (esto por el hecho de practicar su religión a pesar de estar prohibida), la conclusión sólo puede ser una: en CHINA se persigue a un grupo religioso por el solo hecho de serlo. Esto es GENOCIDIO.

 

Es menester pues, que la “autoridad mundial” (“Pacem in terris” Carta Encíclica del Papa Juan XXIII, del 11 de abril de 1963) que representa la Organización de las Naciones Unidas, redoble sus esfuerzos para que los derechos de la persona humana sean universalmente reconocidos, observados y mantenidos incólumes.

 

La misión propia de esta autoridad mundial, reflejada en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es el reconocimiento y el respeto efectivo de todos los derechos y todas las libertades reconocidos en la Declaración; y para ello debe examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común universal en el orden económico, social, político, cultural y religioso, ya que estos problemas, por su magnitud y gravedad, presentan dificultades superiores a las que pueden resolver satisfactoriamente los gobiernos de las naciones aisladamente.

 

Las Naciones Unidas, en la materia que aquí interesa, deben intensificar los lazos de cooperación y coordinación entre las naciones, para lograr la efectiva consecución de los objetivos propuestos; particularmente, erradicar todas las violaciones a los derechos humanos”.

 

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N de la R: ENFOQUES POSITIVOS agrega como dato informativo que la causa a la que alude la presente nota fue tramitada ante la Justicia por el prestigiado abogado ALEJANDRO COWES asistido en la parte Penal, por un también calificado especialista, como lo es el doctor ADOLFO CASABAL ELÍA.

 

 

FUENTE: ENFOQUES POSITIVOS

7 Comments en "El episodio que originado en la Argentina puso en riesgo la libertad de un alto Jefe del Partido Comunista Chino (PCCh)"

  1. PEDRO B. JUSTO | 21 Diciembre, 2016 at 12:05 am |

    LO TRATÉ UNA VEZ SOLAMENTE Y ME PARECIÓ UN BUEN TIPO PARA SER JUEZ

  2. Lo triste y muy real es que esos organismos internacionales y también los hay en la Argentina que dicen defender losderechos de los ciudadanos no sirven para nada y encima sonmuy costosos todos pagamos algo para su mentenimiento

  3. SEBASTIAN PAGANI | 21 Diciembre, 2016 at 9:49 am |

    ME CONTÓ UNA AMIGA QUE ESTUVO PRESENTE EN ESA CHARLA QUE DICE LA NOTA Y QUE TERMINÓ MUY MAL IMPRESIONADA POR EL RELATO DE UNA VÍCTIMA Y QUE ELLA PUEDE CREERLE ESE RELATO TRATANDOSE DE LA CRUELDAD DE LOS CHINOS

  4. El importe de dinero que estuvieron negociando los Kirchner con los chinos son esos famosos 10.000 millones de dólares que al igual que el tren bala y otras locuras nunca llegaron. Pero no tendríamos que alarmarnos porque la reciente visita de Frigerio a China (creo que alguna referencia a ese hecho leí en esta misma web ayer) fue para conseguir esta vez más de 30.000 millones de dólares. O sea que estamos cada vez peor y encima con lo peor del mundo, la mafia china para la cual el padre de nuestro actual presidente ha trabajado y trabaja desde hace muchos años

  5. PANTUSO REVERTE | 21 Diciembre, 2016 at 11:56 pm |

    Haber imaginado una amistad entre integrantes de un partido político argentino supuestamente democrático con el comunismo chino hace algunas décadas hubiera sonado a locura, y ahí los tenemos a los muchachos

  6. Vicky Sanjurjo | 23 Diciembre, 2016 at 7:12 pm |

    Hacía tiempo queno leia una nota tan larga en Enfoques Positivos pero valió la pena muy ampliamente Buena, documentada, con datos ciertos. Esto deja en evidencia lo que se vivió entonces con un gobierno que dominó a la justicia. ¿Pasará ahora lo mismo con el aactual gobierno en el tema de las represas del río Santa Cruz que la Corte paró mientras se está negociando con los chinos un crédito más grande todavía que el que negociaba por entonces el kirchnerismo?

  7. VERÓNICA LATACLE | 25 Diciembre, 2016 at 9:55 pm |

    Me pregunto si entre las muchas acciones judiciales penales que se le pueden todavía iniciar al kirchnerismo no puede ponerse este caso como el de una invasión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial

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